Comunicado de Prensa - jueves, 23 de octubre de 2008
UTrE - CTERA fijó posición con relación al proceso de Evaluación de la Calidad Educativa que se lleva adelante en diferentes Escuelas de la Provincia
¿Evaluar o medir?
Los operativos de evaluación de la calidad educativa tienen una triste historia, siempre estuvieron asociados a la elaboración de ranking de escuelas, más que a la resolución de los problemas que nos atraviesan, a pesar de que hoy son planteados como lo contrario a la “medición”, y de que nos dicen que no se hallan dirigidos a la valoración de los rendimientos de los estudiantes, terminan siendo eso. La historia reciente de los operativos de evaluación y sus connotaciones político-pedagógicas nos eximen de mayores comentarios, en especial aquellos que se ejecutaron entre los años 1992 hasta 2002.
Miles de trabajadores de la educación de todo el país hemos padecido sobre nuestro lomo las consecuencias de esas políticas, “casualmente” son coexistentes a la lucha en la “Carpa Blanca” en la que denunciáramos la catástrofe educativa que estábamos viviendo, realidad que contenía ajustes, desinversión, pago en bonos, atrasos salariales, cifras crecientes de deserción, desocupación, y exclusión socioeducativa de amplios sectores de la población, hoy no se puede repetir la historia de evaluar solo áreas del conocimiento, sino que deben evaluarse el conjunto de las políticas educativas, la pasión puesta solo en la “medición de resultados” no permitirá ver la magnitud de los problemas a resolver, no podemos reproducir estas políticas en nuestra provincia.
No hay lugar para las políticas de los años noventa:
Cualquier consideración seria de los operativos de evaluación de la calidad de ese período debería ser formulado en términos autocríticos y debiera reconocerse que tuvieron nulo impacto a la hora del mejoramiento de la calidad, porque fueron meras mediciones de resultados sin incorporar ninguna variable política, socioeconómica y cultural, reduciendo la evaluación de la calidad educativa, a la mera medición de resultados con la aplicación de pruebas sobre algunos contenidos disciplinares tomadas a los estudiantes, cuestión que hoy se aplica en la provincia. No coincidimos con esta forma de entender la evaluación del sistema educativo, los fundamentos son pedagógicos y políticos. Rechazamos que se pretenda reafirmar el criterio que fija la DNIECE cuando afirma: “…su aporte se concreta en la medida que se asume con responsabilidad pública un compromiso con los resultados obtenidos”. Y luego cuando dice “atendiendo a esta concepción de instalar y profundizar una auténtica cultura de la evaluación, dotada de rigor científico, protagonismo democrático y compromiso público con sus resultados”. (DNIECE- Junio 2008), cada vez que se propuso este tipo de mecanismo de evaluación se terminó culpabilizando a quienes son las víctimas del deterioro del derecho social a la educación: docentes, padres y alumnos).
Los indicadores de la OCDE no pueden evaluar nuestro sistema:
Los indicadores elaborados por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de Europa, no pueden dar cuenta de la realidad de los países de América Latina, ya que han sido construidos con categorías de los países centrales.
En un país como el nuestro, y en especial en una provincia como la nuestra, que ha sufrido por décadas la desinversión educativa y desarticulación y fragmentación del sistema en el contexto de una profunda crisis socioeconómica y cultural, y que recién ha comenzado a implementarse una nueva Ley de Educación Nacional, deberíamos generar un espacio y un tiempo de construcción colectiva de indicadores que den cuenta de lo que se produce en nuestras escuelas en términos de conocimiento para poder evaluar el conjunto de las políticas públicas que se aplican sobre el sistema educativo.
No nos parece pertinente ocupar presupuesto y docentes para administrar exámenes PISA (Programme for Internacional Student Assessment) remixados, o cualquier otra prueba estandarizada basada en parámetros foráneos. Lo urgente y necesario es construir criterios, instrumentos y dispositivos que permitan evaluar en qué medida se cumplen las metas de la nueva legislación, generando las condiciones materiales y simbólicas para la producción de los aprendizajes, propiciando mecanismos e instancias que posibiliten evaluaciones institucionales democráticas y participativas que impacten en la revisión y la modificación de las prácticas pedagógicas, permitiendo identificar variables que obstaculizan el ejercicio del derecho social a la educación, reconocemos, por último, que hay alguna experiencia que se está desarrollando en este sentido, si es así, es necesario profundizarla.
CONSEJO EJECUTIVO PROVINCIAL
UTRE-CTERA-CTA
CHACO
Sergio Soto
Sec. Educación y Estadísticas.
CTERA – CTA
(Ex. Sec. Gral de UTrE-CTERA.)
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